AUDIO: La Pizarra en Onda Cero (9-junio-2017)

Desde nuestra última entrega de La Pizarra, hemos tenido dos semanas intensas en noticias económicas: elecciones en Gran Bretaña, compra del Banco Popular y sentencia del Constitucional sobre la amnistía fiscal.

Ayer los británicos votaron, aplicando un fuerte correctivo a los Torys en la cabeza de Theresa May. La señora May no está en una posición de exigir ni dentro ni fuera de casa, y mucho menos de seguir amenazando con “mejor no acuerdo que mal acuerdo”. Su plan era un “Brexit duro». Esta débil mayoría supondrá una travesía difícil tras estas elecciones, donde el terrorismo ha acaparado la recta final de la campaña. Westminster, sin embargo, no puede permitirse ahora un periodo de inestabilidad. Según el calendario marcado con Bruselas, se prevé́ que el Reino Unido abandone el bloque para otoño de 2019. El divorcio supone ahora para Londres renegociar, al menos, 759 tratados internacionales. Además de las negociaciones con la UE, el Gobierno electo deberá́ dibujar sus nuevas relaciones con 168 países, según un estudio publicado por ‘Financial Times’.

El Santander ha comprado el Banco Popular por un euro después del ultimátum de Bruselas para adquirir la entidad y tras ocho días consecutivos de caída en Bolsa. De esta forma, evita ser la primera entidad que entra en resolución desde la entrada en vigor del mecanismo europeo, aunque sus accionistas perderán todo su dinero igualmente. El Popular se había quedado sin tiempo. Tras una reunión del consejero delegado, Ignacio Sánchez Asiaín, con el BCE este lunes en la que se certificó la defunción del Banco, se le dio un plazo de 24 horas para presentar ofertas a Santander o BBVA. En un comunicado, el banco que preside Ana Botín cifra en 7.900 millones los saneamientos adicionales que requiere el Popular, de los que 7.200 corresponden a activos inmobiliarios, cifra muy superior a la estimada por los analistas y, por supuesto, por el propio banco adquirido.

El Tribunal Constitucional declaró este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno en marzo de 2012. La denominada regularización extraordinaria fue criticada desde el primer momento, tanto por las oposición como parte de la propia Agencia Tributaria, ya que se consideraba que era dar un trato de favor a quienes había mantenido una actitud opaca con Hacienda.  Los reproches subieron cuando se supo que de los 40.000 millones aflorados sólo se recaudaron 1.200, lo que supone que el tipo efectivo aplicado fue de sólo un 3% y no el 10% que se iba a aplicar. Conforme a la sentencia de ayer, al TC le parece que librarse pagando el 10% ya hacía dudar de la constitucionalidad de la amnistía.

Para rematar, en estos días tres destacadas compañías asturianas han sufrido los rigores de la cotización en la Bolsa de Valores. Parece que a los inversores se les está terminando la paciencia y el periodo de las promesas de un futuro mejor está llegando a su fin. Los accionistas quieren ver resultados y no solo planes cargados de voluntarismo

Arturo, es todo por hoy, volveremos con La Pizarra en 15 días.

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